Por David Gustavo León Hernández, Magistrado de Circuito en funciones

Durante décadas, los pueblos y comunidades indígenas han sido parte fundamental de la historia, cultura y diversidad de México. Sin embargo, el reconocimiento jurídico de sus derechos ha sido lento, limitado y, muchas veces, simbólico. La reforma constitucional en materia indígena de 30 de septiembre de 2024, que adicionó un párrafo al artículo 2 Constitucional, que dice: “Se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.” Representa un cambio estructural profundo.

Pero, ¿qué significa esto y por qué es importante? Hasta ahora, la mayoría de los marcos legales reconocen a los pueblos indígenas como sujetos de derecho privado, es decir, se les trata como cualquier agrupación civil sin personalidad pública. Esto ha limitado su capacidad para gobernarse, administrar sus recursos, decidir sobre su desarrollo y tener acceso directo a presupuestos, justicia y representación política real.
Ser sujetos de derecho público implica que los pueblos indígenas y afromexicanos sean reconocidos como entidades con autonomía jurídica plena, capaces de ejercer su propio gobierno, establecer normas internas y participar directamente en los asuntos del Estado. Esto no significa separación, sino inclusión con respeto a su identidad, cultura, sistemas normativos y formas de organización.

Implicaciones clave de la reforma:

• Autonomía y libre determinación: Podrán ejercer plenamente su autogobierno y formas de organización social, política y jurídica.
• Acceso a recursos y presupuestos: Podrán gestionar directamente recursos públicos sin depender de intermediarios.
• Reconocimiento de sistemas normativos propios: Se dará validez a sus formas de impartir justicia, siempre que respeten los derechos humanos y el marco constitucional.
• Participación política efectiva: Tendrán representación en los órganos legislativos y de gobierno bajo sus propias formas de elección.
• Seguridad jurídica sobre territorios: La reforma busca fortalecer el derecho al territorio ancestral, respetando su uso y aprovechamiento tradicional.

Este reconocimiento no es un privilegio ni un acto de concesión: es un acto de justicia histórica. Convertir a los pueblos indígenas en sujetos de derecho público no es sólo una reforma jurídica, sino una transformación del pacto social y político del país.

Sin embargo, esta reforma también plantea retos: armonizar leyes locales, capacitar autoridades, asegurar mecanismos de consulta previa y garantizar que el reconocimiento no quede sólo en papel.

Reconocer es un primer paso. Lo que sigue es construir, con diálogo y respeto, un país verdaderamente plurinacional, donde la dignidad y los derechos de todas y todos estén en el centro.